Fuente: El Mundo

La Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reclamaron durante el 4º Congreso de Desarrollo Sostenible que las leyes de sostenibilidad y la competitividad de las empresas vayan de la mano. La legislación, denuncian, no permite que las compañías se adapten a tiempo y esto pone en riesgo a muchas pymes. El Gobierno, por su parte, sigue adelante con las leyes que buscan reducir la cantidad de residuos que generan los plásticos de un solo uso.

La clave, explicaron ambas organizaciones durante el evento, es buscar puntos de encuentro. Según apuntó José María Bonmatí, director general de AECOC, "sostenibilidad y competitividad empresarial deben ser compatibles". Las empresas, explicó, comparten los "ambiciosos objetivos" que se fija la Administración, pero cree que "muchas veces no somos realistas con los plazos de cumplimiento".

Tanto él como el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, pidieron "diálogo" para "establecer herramientas conjuntas y evitar medidas que son imposibles de cumplir". García de Quevedo también criticó unas leyes que "se alejan de la normativa europea" y ponen en riesgo "puestos de trabajo y a muchas pymes".

Tras las preocupaciones del sector hay, principalmente, dos normativas relacionadas tangencialmente: la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. El objetivo del Gobierno es reducir el peso total de los residuos de envase (en un 13% en 2025 y en un 15% en 2030, siempre respecto a los datos de 2010). También esperan que en 2030 todos los envases puestos en el mercado sean 100% reciclables y, a ser posible, reutilizables.

Para ello proponen medidas como incentivar la compra a granel en grandes superficies, lo que daría posibilidad a los clientes de llevar de casa los contenedores en los que llegarán los productos. Además, la idea es que en 2023 esté prohibido vender frutas y verduras en envases de plástico y que se ofrezcan bebidas en envases reutilizables en todos los establecimientos minoristas.

Mientras, la ley de residuos transpone una directiva europea e incluye un impuesto al plástico de un solo uso que, según denuncia el sector, tendrá "un impacto brutal". Entre la legislación y esta tasa, calculan que será de 2.000 millones de euros. También consideran que conllevará una subida de precios "inevitable".

En este sentido, FIAB recientemente denunció que hay medidas que "suponen un cambio radical en los modelos de negocio". Según sus cálculos, el hecho de que la ley obligue a reducir el 50% de las bebidas de plástico de un solo uso en 2030 podría terminar con el cierre del mismo porcentaje de empresas de bebidas.